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Agencia de Control de Bebidas Alcohólicas, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos

Comunicados de Prensa

Contacto: Kimberly Nerheim
www.atf.gov
Para su divulgación inmediata
Miércoles, Diciembre 9, 2020

Persona acusada de comprar ilegalmente un arma de fuego vinculada a un homicidio en Racine, Wisconsin

El testaferro fue arrestado y acusado en St. Louis, Missouri

un arma de fuego que supuestamente se usó en un homicidio en Racine, Wisconsin, el 17 de octubre de 2020. Hardimon fue arrestada el viernes pasado y compareció por primera vez en el Tribunal del Distrito Federal de St. Louis, Missouri.

De acuerdo con las acusaciones en una denuncia penal emitida por el Fiscal de Distrito del Condado de Racine, en Racine, Wisconsin, Khalil E Buckley, de 23 años, fue arrestado el 23 de octubre de 2020 y acusado de homicidio intencional de primer grado y uso de un arma peligrosa, entre otras acusaciones, por su supuesto papel en el homicidio de Marcus Caldwell, de 20 años, en Racine, el 17 de octubre de 2020. La denuncia penal que acusa a Buckley describe las pruebas recopiladas en la escena del crimen en Racine, que incluían un estuche de pistola Glock 22, un recibo por la compra de un Glock 22 en el caso y un polvorín en el estuche de pistola cargado con municiones de calibre 0,40, consistente con un revestimiento de carcasa cerca de la escena del homicidio.  Un rastro de armas de fuego urgentes de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) dio resultados que indican que Hardimon compró una pistola Glock 22 el 2 de octubre de 2020 a Kevin’s Guns en St. Charles, Missouri. Además, una comparación forense de la evidencia balística, a saber, una carcasa gastada cerca de la víctima en la escena del crimen y municiones encontradas en el caso Glock 22, son coherentes entre sí.

“ATF trabaja incansablemente todos los días para detener la circulación de armas de fuego ilegales. Personas prohibidas y aquellos que suministran armas de fuego a esas personas serán responsables y llevados a la justicia”, comentó Kristen de Tineo, Agente Especial a Cargo de la ATF de la división regional de Chicago. “Me gustaría expresar mi gratitud a los representantes especiales de las Divisiones Regionales de la ATF Chicago y la Ciudad de Kansas y a los funcionarios del Departamento de Policía de Racine que trabajaron codo a codo con nuestros representantes durante el transcurso de esta investigación, y a la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Este de Missouri y a la Fiscala del Distrito del Condado de Racine, Patricia Hanson, por sus compromisos fiscales para acusar a estas personas”.

“Déjeme saber que mi cargo recomienda la prisión en todos los casos en los que un delincuente posea un arma de fuego ilegalmente”, dijo la fiscal de distrito del condado de Racine, Patricia Hanson. “A partir de este momento, mi cargo también incluirá la recomendación de prisión para aquellos que proporcionen armas de fuego ilegalmente a delincuentes conocidos, independientemente de su falta de antecedentes penales”.

Este caso es el resultado de una investigación realizada por la división regional de Chicago de la ATF, la Oficina de Campo de St. Louis de la división regional de la Ciudad de Kansas de la ATF, el Servicio de Alguaciles de los EE. UU. y el Departamento de Policía de Racine.

Este caso fue posible gracias a los contactos de investigación generados a partir de la Red Nacional Integrada de Información Balística (National Integrated Ballistic Information Network, NIBIN) de la ATF. NIBIN es la única red nacional que permite la recopilación y comparación de evidencia balística para ayudar en resolver y prevenir delitos violentos con armas de fuego. NIBIN es una herramienta comprobada de investigación e inteligencia que puede vincular armas de fuego de múltiples escenas de delitos, lo que permite a las fuerzas del orden público interrumpir rápidamente los ciclos de tiroteo. Para obtener más información sobre NIBIN, visite https://www.atf.gov/firearms/national-integrated-ballistic-information-n...

El público se recuerda que una acusación no es prueba de culpabilidad.  Se presume que el demandado es inocente y tiene derecho a un juicio justo en el que el gobierno tiene la carga de demostrar culpabilidad más allá de toda duda razonable.  Si es condenado, el Tribunal debe imponer una sentencia razonable en virtud de los estatutos federales y las Pautas consultivas de sentencias de los EE. UU.

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